México denuncia a PlayStation ante la Comisión Antimonopolio por el fin del formato físico en 2028
La hoja de ruta de Sony para detener la producción de discos físicos en 2028 ha escalado de la controversia en redes sociales a los tribunales y organismos reguladores. El movimiento más contundente hasta la fecha proviene de México, donde la diputada federal Iraís Reyes y el senador Luis Donaldo Colosio han anunciado una denuncia formal ante la Comisión Nacional Antimonopolio (Cofece). El argumento central: la eliminación del soporte físico constituye una práctica monopolística que vulnera la Ley Federal de Competencia Económica, perjudica a consumidores, comercios y desarrolladores, y consolida a PlayStation Store como único canal de distribución obligatorio.
Dos frentes: consumidores y desarrolladores bajo control único
Según el comunicado de los legisladores, la denuncia estructura sus argumentos en dos ejes principales. El primero atañe al mercado secundario y la propiedad del usuario. El senador Colosio advierte que cadenas como Liverpool, Sanborns o GamePlanet dejarían de competir en la venta de novedades y, crucialmente, “desaparecería el mercado de reventa e intercambio, que es enorme”. Para el legislador, el formato digital transforma al comprador en un mero licenciatario: “los consumidores dejaríamos de ser propietarios de los videojuegos”, quedando el acceso supeditado a los términos unilaterales que imponga la empresa.
El ecosistema cautivo de los creadores
El segundo frente señalado por la diputada Reyes se centra en la relación con las desarrolladoras. Al desaparecer el disco, todos los estudios quedarían obligados a operar exclusivamente bajo la infraestructura de PlayStation Network, asumiendo las comisiones de la tienda digital y aceptando las condiciones de acceso a la plataforma. “Tendríamos a Sony siendo juez y parte de su propio ecosistema”, resume Reyes, quien también subraya la brecha digital: la estrategia asume una conectividad universal de alta velocidad que no existe en el territorio mexicano.
De prosperar la investigación, la Cofece podría imponer multas sustanciales y obligar a Sony a modificar su plan de abandono del formato físico para evitar sanciones mayores.
Frente judicial internacional: la demanda colectiva en Países Bajos
La presión legal no es exclusiva de Latinoamérica. En Países Bajos, la fundación Stichting Massaschade & Consument mantiene desde hace meses una demanda colectiva que reclama más de 400 millones de euros en compensación para los usuarios. El colectivo acusa a Sony de fomentar un monopolio a través de PlayStation Store y sostiene que la decisión de 2028 refuerza su argumento: “un precio nunca puede ser justo cuando el comprador se queda sin derechos de propiedad ni alternativa”, declararon recientemente sus portavoces.
Rechazo transversal de la industria y movilización masiva de usuarios
El malestar atraviesa toda la cadena de valor. Asociaciones de comerciantes en España han emitido comunicados formales de rechazo, al igual que distribuidores y desarrolladores nacionales. A nivel europeo, la Entertainment Retailers Association (ERA) del Reino Unido se ha sumado a las advertencias sobre el impacto en derechos de los jugadores, empleo y diversidad comercial.
En la base social, la respuesta se ha traducido en campañas de boicot y críticas masivas en cada publicación oficial de PlayStation. Una petición en Change.org para preservar el formato físico supera ya las 310.000 firmas. La convergencia entre reguladores, comercio, desarrolladores y comunidad de jugadores dibuja un escenario de incertidumbre para la estrategia de Sony: la compañía deberá decidir si mantiene su hoja de ruta digital pura o negocia concesiones ante una presión regulatoria y reputacional sin precedentes.
La desaparición del disco no es solo un cambio de formato; es una redefinición de la propiedad digital y la estructura de mercado que los reguladores comienzan a examinar con lupa.
